La jueza de Nueva York Loretta Preska responsabilizó al Estado nacional por la expropiación del 51% de la petrolera en 2012.
Los ganadores del juicio son los fondos Burford Capital y Eton Park.
Por: https://www.ambito.com/
La jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, falló contra el Estado nacional en el juicio que se tramita en los Estados Unidos por la reestatización de YPF y ordenó pagar una indeminización que podría llegar hasta casi los u$s20.000 millones.
Según la sentencia revelada este viernes, Preska eximió de responsabilidad a YPF en la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera en 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pero responsabilizó de la maniobra al Estado nacional. Ahora, a la Argentnina le quedan dos instancias judiciales para apelar esta resolución, aunque igualmente deberá depositar una garantía millonaria como actor perdedor en el litigio. La suma reclamada por los fondos litigantes va entre u$s8.500 millones y llega a hasta los u$s19.8000 millones. Pero esos montos no son definitivos.
“Los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República” y a una “sentencia sumaria contra la República por sus reclamos por incumplimiento de contrato”, indicó la magistrada en su fallo.
Los ganadores del juicio son los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra YPF y la Argentina a un grupo de antiguos accionistas de la petrolera al momento de la estatización.
Su principal argumento en el caso era que el gobierno de Cristina Fernández Kirchner rompió el contrato de concesión de YPF, no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones a los socios minoritarios y expropió el 51% de la empresa de hidrocarburos y energías renovables.
Es más, la demanda comenzó con los ex accionistas minoritarios de YPF, luego de que el Estado argentino le pagara la española Repsol -que controlaba la petrolera- u$s5.000 millones en concepto de resarcimiento por la «renacionalización» de la compañía.
Qué dijeron en YPF tras conocer el fallo
La primera lectura que hicieron en la compañía es que se trata de un fallo «positivo» para YPF porque la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad en la expropiación y que no es garante del Estado nacional. De este modo, los activos de la energética están fuera de riesgo o embargo. Pero además, aunque condena a la Argentina, Preska tampoco hizo lugar todos los reclamos judiciales de los fondos demandantes.
“El Tribunal está de acuerdo en que el precio de la oferta pública de adquisición que la República habría estado obligada a ofrecer si la República cumpliera con los Estatutos es la medida apropiada de los daños compensatorios de los demandantes”, escribió la juez, y pero agregó que “debido a que no se puede identificar la fecha en la que Republica activó su obligación de oferta pública de adquisición, no puede determinar la fecha de notificación contrafactual y, por lo tanto, no puede cuantificar los daños compensatorios de los demandantes”.
Cuánto deberá pagar la Argentina
Según el analista jurídico financiero Sebastian Maril, lo que sucede es que Preska no puede determinar con precisión cuánto le va a costar la indemnización al Estado nacional, porque no sabe cuándo la Argentina tomó control de las acciones de YPF: si en la expropiación del 2012 o cuando pagó los u$s5.000 millones a la española Repsol en 2014. Saber eso, es reconocer cuándo debería haber sido el lanzamiento oficial de la oferta a los accionistas relegados.
Sin embargo, la jueza estableció una fórmula para realizar obtener el cálculo sobre la fecha. De esa fórmula dependerá el monto que deberá pagar la Argentina. Hoy YPF vale u$s8.576 millones, según su cotización en la Bolsa de Nueva York.
Se descarta que Argentina a través de la procuración del Tesoro se reservará el derecho de apelar ante la Cámara de Nueva York o, incluso, llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Ninguna de estas instancias le garantizan al país triunfar en la causa; pero le darán un tiempo imprescindible para rearmar la estrategia judicial y quizá hasta dos años hasta llegar a diagramar un cronograma de pagos. El monto final, por ahora es una incógnita.
Quiénes son los del fondo Burford
El principal demandante de la causa es el fondo buitre Burford, que está por cerrar el mejor negocio de su historia. Como reveló Ámbito tiempo atrás, originalmente el fondo especializado en litigar en el mundo en casos como el del YPF, había comprado el 70% de la causa; y actualmente sostiene el 30%, habiendo colocado a inversores privados (en principio unos 10 fondos comunes de inversión), el resto de la causa. El 40% que ya vendió lo fue colocando en diferentes momentos del avance del caso y a medida que se aproximaba el momento actual su precio iba en incremento otorgándolo a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de las casos que va litigando), ganancias extraordinarias.
Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones de los u$s3.000 mollones que exige) a las arcas del fondo Burford. Aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero.
La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo entrar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen. El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, con la derrota de Argentina en el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país.
Para agregarle misterio a la causa, en junio del 2020 Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.
Burford no es especialista en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso.
La causa se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.
